TIERRA Y LIBERTAD Y LA CUT PRESENTAN PROPUESTA DE NUEVA MINERÍA
POR UNA MINERÍA RESPETUOSA DEL
AMBIENTE
Y DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES
LOCALES
POR UNA MINERÍA AL SERVICIO DE UNA ESTRATEGIA
SOSTENIBLE E INCLUSIVA DE CONSTRUCCIÓN DEL BUEN
VIVIR
La
minería fujimorista no va más
La
resistencia ciudadana a la minería actual y la conflictividad social, los
debates regionales e internacionales sobre el agotamiento del extractivismo
neoliberal y el inminente impacto de la crisis internacional en el país, han
puesto en la agenda pública la necesidad de revisar de manera sustancial las
condiciones en las que se hace minería en el Perú.
Ollanta
Humala heredó una minería con alta conflictividad medioambiental, social y
política, pero cabe mencionar que en estos primeros 12 meses de gobierno los
conflictos sociales –y sobre todos los que enfrentan a poblaciones, empresas y
gobierno en torno a proyectos extractivos- siguen creciendo. Y frente a ellos se
insiste en la represión como respuesta principal.
Como
resultado, son ya 17 los muertos en lo que va del Gobierno del Presidente
Humala, 16 de ellos responsabilidad del Gabinete Valdés y 5 de ellos en Celendín
y Bambamarca. Esta situación -especialmente la resistencia popular al proyecto
Mina Conga- ha obligado al presidente Humala a anunciar que una Comisión
Multisectorial encabezada por el presidente del Consejo de Ministros Valdés, con
el ministro Pulgar Vidal como Secretario Técnico, deberá plantear antes de 28 de
Julio las políticas y las normas para dar inicio a una “nueva minería” en el
Perú.
Cabe
señalar que los conflictos en torno a industrias extractivas no son un fenómeno
exclusivo del Perú y están fuertemente presentes en casi toda América Latina,
América del Norte, Asia y África: el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) señala en un reciente informe que el 40% de los conflictos
internos que se producen en los países, tienen su origen en temas vinculados a
la explotación de recursos naturales, principalmente a la actividad minera.
Además, hace algunos años el propio Banco Mundial realizó una revisión crítica
de sus políticas de apoyo a las industrias extractivas.
Alimentado
por los conflictos sociales, en diversos países ha surgido un debate sobre las
consecuencias del agotamiento del extractivismo, tanto en su rol de soporte
económico y político del neoliberalismo, como en
los límites del llamado neoextrativismo: su variante nacionalista
redistributiva.
Constatamos
que no es viable insistir en una apuesta por crecimiento y bienestar basada en
la privatización de los recursos naturales para su explotación intensiva por
grandes empresas internacionales. Pero también resulta evidente que la
nacionalización de la renta o la estatización de las industrias extractivas como
tales, no responden a varios de los problemas de fondo planteados por la
creciente dependencia de nuestros países respecto de la venta de materias primas
y las consecuencias que esta opción tiene para la propia sostenibilidad del
crecimiento, así como para la protección
del ambiente y el respeto de los derechos de las poblaciones. Como resultado, se
ha abierto en la región el debate sobre la necesidad de formular un conjunto de
políticas públicas que permitan una transición hacia escenarios económicos,
políticos y productivos post-extractivistas, en los que nuestra economía,
nuestro mercado de trabajo, nuestra sociedad y nuestra política dependan cada
día menos de la exportación de materias primas. Hablar de post-extractivismo no
quiere decir en ningún caso que se proponga “ningún tipo de actividad
extractiva” o “cero extractivismo”. Se trata más bien de definir políticas
públicas que generen nuevos equilibrios económicos, sociales y ambientales.
Con
una economía como la de América del Norte que permanece en cuidados intensivos,
con una Europa que se precipita a una aguda recesión, con varios de sus países
en proceso de quiebra, y con China y la India que bajan sus tasas de
crecimiento, comenzamos ahora a vivir las consecuencias de una economía
tremendamente dependiente del sector primario exportador heredado entre otros de
Fujimori, Toledo y García, pero que el gobierno del presidente Humala ha
decidido mantener. Sin mercado interno y con una integración regional a la
deriva, la recesión mundial ya nos está golpeando directamente y es un factor
adicional que abona a la necesidad de revisar la estrategia de un crecimiento
dependiente de la extracción y exportación de minerales y otras materias
primas.
Por
supuesto, el extractivismo no se reduce a la minería, sino que es una estrategia
que también abarca a la actividad petrolera y gasífera, la pesquera y la
forestal, y los monocultivos destinados a la agroexportación. En todos los
casos, ha primado el afán de lucro de las grandes empresas nacionales e
internacionales y el afán rentista del Estado, por encima del cuidado del
ambiente, la protección de los derechos de las poblaciones vecinas a estas
actividades, la inclusión social y el planeamiento sostenible de mediano y largo
plazo.
De
la misma manera, consideramos que los problemas causados por la minería informal
e ilegal merecen un tratamiento
específico, porque causan igual o peor daño ambiental y afectan en muchos casos
de manera irreversible la salud de las personas que se dedican a esta actividad, con consecuencias sociales
dramáticas: trabajo infantil, prostitución y trata de personas, mafias, blanqueo
de recursos del narcotráfico, corrupción, uso de sustancias tóxicas, entre otros
aspectos.
Desde
Tierra y Libertad y la Central Unitaria de Trabajadores hemos expresado nuestro
apoyo a la iniciativa gubernamental de enfrentar la problemática de la minería
ilegal al mismo tiempo que hemos señalado las limitaciones de su enfoque y su
manejo de corto plazo. Desde Tierra y Libertad y Central Unitaria de
Trabajadores estamos también trabajando opciones integrales de política pública
frente a este tipo de minería y frente al extractivismo en los otros sectores de
la economía antes mencionados. En su momento saldremos con propuestas
específicas sobre estos temas.
Es
en respuesta a los conflictos en curso y al anuncio presidencial de nueva reglas
de juego para una“nueva minería”, que presentamos ahora nuestras
propuestas:
Es
necesaria una alternativa integral frente a la
minería
Desde
Tierra y Libertad y la Central Unitaria de Trabajadores hemos venido sosteniendo
desde hace meses y años que los daños ambientales y los conflictos sociales que
la minería viene generando son el resultado de una estrategia de crecimiento
económico que lo apuesta todo a la inversión minera. Y también de un marco
institucional obsoleto, centralista, insuficiente y autoritario, que le da todas
las capacidades de decisión al Ministerio de Energía y Minas, ignorando que en
nuestro país existe un Ministerio del Ambiente y existen Gobiernos Regionales y
Locales que tendrían que participar en las decisiones sobre el proceso de
expansión de la actividad minera: grande, mediana y pequeña.
Esta
visión del desarrollo y ese diseño institucional son en lo básico una herencia
del fujimorismo de los 90, que ni Alejandro Toledo ni Alan García cambiaron y
que el presidente Humala ha mantenido tal cual, a cambio de una modesta
contribución adicional de los empresarios mineros que ni siquiera es lo que
inicialmente se anunció.
Esta
visión del desarrollo y este diseño institucional están en crisis, no dan más y
tienen que cambiar. La minería no puede ignorar las consideraciones básicas
ambientales y no puede imponerse sobre la gente y sus
autoridades!
Los
aportes de Tierra y Libertad y la Central Unitaria de Trabajadores al diseño de
una nueva minería en el Perú
La
realización de las actividades mineras debe estar condicionada al respeto de 5
principios fundamentales:
·
El
fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para asegurar el cuidado del
medio ambiente garantizando que las
siguientes generaciones puedan disfrutar de los recursos naturales renovables
que hoy tenemos a nuestra disposición.
·
La
afirmación de los derechos de las poblaciones directamente impactadas de tener
voz y voto en las decisiones sobre grandes proyectos mineros que impactan sobre
sus territorios, sus vidas y sus futuras generaciones.
·
El
fortalecimiento de la descentralización, con la transferencia de competencias a
los Gobiernos Regionales y Locales para participar en la toma de decisiones
sobre grandes proyectos mineros que impactan sobre sus territorios.
·
El
cuidado de la salud macroeconómica del país, la generación de empleo en base a
la transformación progresiva del actual modelo primario exportador, la
industrialización sostenible de la economía y la apuesta por el Buen
Vivir.
·
La
transparencia y la rendición de cuentas.
El
cuidado del ambiente
·
Solución
a los pasivos ambientales que hemos heredado de la actividad minera hecha en los
años y décadas previas y que son fuente permanente de contaminación de las
aguas y de las tierras, y de impactos
negativos en la salud de las personas especialmente de las más
pobres.
·
Definir
una gestión ambiental que sea transectorial. En la medida que el país apostó por
la creación del Ministerio del Ambiente el año 2008, consideramos clave
fortalecerlo, transfiriéndole la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la conducción de la Autoridad Nacional de Agua
(ANA) así como proveer los recursos necesarios para fortalecer la Oficina de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
·
Definir
los estándares y límites permisibles ambientales de acuerdo a los mejores
estándares internacionales y reconociendo las especificidades de nuestro
territorio y ecosistemas; revisar el contenido de los EIA para hacerlos más
exigentes y revisar sus procedimientos para que sea el Estado y no las empresas
interesadas quienes los contraten; e introducir otras herramientas como la
evaluación ambiental estratégica (EAE) para observar y evaluar el impacto
acumulativo de los diferentes proyectos mineros, de infraestructura y otros, que
se realizan en un mismo territorio.
·
Legislar
sobre el agua como derecho humano, la protección estricta de las cabeceras de
cuenca, el uso del mercurio y cianuro y la defensa de la empresa pública
proveedora de agua, que diversas organizaciones sociales y políticas venimos
promoviendo mediante una iniciativa legislativa.
·
Aprobar
una Ley de Ordenamiento Territorial que defina con toda claridad los roles del
Ministerio del Ambiente y de los Gobiernos Regionales y Locales y de la
población en los procesos de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y de
Ordenamiento Territorial (OT). Se necesita de estas herramientas para establecer
con toda claridad en donde sí y en donde no y con qué características se
puede hacer qué tipo de minería en el
país con criterios básicos de planificación.
·
Redefinir
la lógica y el momento de las concesiones mineras. Las concesiones deben darse
solamente en las zonas en las que la ZEE
y el OT y el Plan Concertado de Desarrollo (PCD) y la consulta previa consideran
que puede haber minería. Y estas no deben seguirse dando en respuesta a una
simple petición del interesado, sino que deben resultar de una negociación y un
contrato con inversiones en plazos
pactados entre la empresa interesada y el Estado, para evitar la entrega de concesiones para fines
especulativos.
·
Implementar
de manera efectiva y eficiente el sistema judicial ambiental, con jueces,
fiscales y policía ecológica capacitada, a prueba de corrupción, con suficientes
recursos y a nivel nacional para investigar y sancionar los delitos
ecológicos.
La
afirmación de los derechos de las poblaciones
·
Declarar
los territorios ancestrales de los pueblos indígenas como zonas de protección
estricta donde el derecho de las comunidades debe ser respetado.
·
Revisar
los procedimientos de las audiencias sobre los EIA e introducir mecanismos para
una participación ciudadana que sea oportuna e informada.
·
Concordar
con las organizaciones indígenas las modificaciones necesarias a la Ley y
reglamento de consulta previa para poner en práctica las consultas sobre los
proyectos mineros de manera que no se burle o debilite el mandato del Convenio
169 de la OIT.
·
Asegurar
la participación de las poblaciones y la incorporación de los saberes locales en
los procesos de zonificación y ordenamiento territorial así como del diseño e
implementación de las estrategias de mitigación del cambio
climático.
·
Sancionar
a los responsables directos y políticos de las muertes ocurridas durante las
protestas sociales asumiendo la responsabilidad estatal de reparaciones a las
víctimas.
El
fortalecimiento de la descentralización
·
Fortalecer
la institucionalidad democrática que representan los gobiernos regionales,
provinciales y distritales, generando sinergias entre las instancias nacionales de gobierno y las
subnacionales.
·
Construir
autoridades ambientales en las regiones que propicien el complemento entre las
facultades y competencias que tiene el MINAM y las que tienen los gobiernos regionales fortaleciendo las
comisiones ambientales regionales y locales (las CAR y CAL respectivamente).
·
Transferir
competencias a los Gobiernos Regionales y Locales para que participen, de manera
compartida con el MINAM, en la evaluación y aprobación de los EIA y las EAE, en
la gestión de la ANA y en la gestión de la OEFA.
·
Establecer
con toda claridad las competencias normativas y ejecutivas de los Gobiernos
Regionales y Locales en los procesos de ZEE y OT.
·
Establecer
con toda claridad las competencias de los Gobiernos Regionales y Locales en la
implementación de las consultas nacionales sobre proyectos mineros que impactan
en sus territorios, revisando para ese fin la Ley de Consulta y su
Reglamento.
El
cuidado de la salud macroeconómica del
país y rol de laminería en la generación de empleo y la construcción del Buen
Vivir
·
Revisar
los acuerdos llegados con las empresas mineras en septiembre de 2011 (impuesto
extraordinario, gravamen voluntario, revisión de las tasas regalías), incrementando su aporte adicional a un
porcentaje efectivo y significativo de las sobreganancias obtenidas en los años
anteriores.
·
Establecer
que este aporte adicional, como lo fue antes el Programa Minero de Solidaridad
con el Pueblo, se financie con las ganancias de las empresas después de haber
pagado regalías e impuestos, no como ahora que los aportes adicionales se
descuentan como costos deducibles del impuesto a la renta.
·
Planificar
el ritmo de las inversiones en función de la estabilidad monetaria del país y no
solamente en función de la rentabilidad de las empresas, para evitar la actual distorsión del tipo de cambio que
castiga a los otros sectores exportadores que tienen sus costos en soles pero
que reciben dólares que pierden valor (la denominada “enfermedad
holandesa”).
·
Planificar
el ritmo de las inversiones en función de la sostenibilidad social y ambiental
del país para evitar los impactos acumulativos y no en función de la
rentabilidad de las empresas.
·
Implementar
una agresiva política de incremento del contenido local de las inversiones
mineras, para que la mayor cantidad
posible de bienes y servicios sean provistos por proveedores locales y
regionales, incrementando así la cantidad de
valor que se queda en las localidades y regiones donde se realiza la
actividad y evitando economías de enclave.
·
Implementar
una agresiva política de diversificación económica para evitar nuestra creciente
dependencia fiscal y exportadora respecto de los metales y otros commodities.
·
Aprobar
e implementar el Plan Nacional de Trabajo
Decente, en sus cuatro ejes: empleo productivo, derechos laborales, prevención y
seguridad social y dialogo social
(un compromiso pendiente del Estado
peruano ante la OIT y la comunidad internacional). Y en ese marco elaborar, aprobar e implementar
el Plan Nacional y los Planes Regionales de Trabajo Decente en la
Minería.
·
Promover
e implementar políticas públicas de promoción del empleo, con enfoque de
desarrollo sustentable, trabajo decente y dialogo social en todo el país, con
énfasis en las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de la
actividad minería.
·
Promover
desarrollo regional e implementar políticas de inversión pública en educación,
salud, infraestructura vial, electrificación, desarrollo agrícola,
agroindustria, y comercio en las regiones y zonas de influencia de la actividad
minería.
La
Transparencia y la Rendición de Cuentas
·
Hacer
accesible de manera fácil y permanente-a toda la población y a todas las
autoridades regionales y locales- la información sobre:
ü
las
concesiones mineras, petroleras y gasíferas entregadas en el territorio
nacional, incluyendo ubicación, tamaño, dueño, estado de gestión y otra
información relevante.
ü
los
EIA y las EAE, incluyendo su contenido y el contenido de sus evaluaciones tanto
como la información sobre las empresas encargadas de hacerlas y los funcionarios
encargados de evaluarlas y aprobarlas.
ü
los
pagos que las empresas hacen el Estado por regalías, impuesto a la renta y otros
conceptos, así como la parte de estos recursos que se distribuyen al gobierno
central, los gobiernos regionales y locales, y en qué se gastan.
ü
los
gastos directos de las empresas en las localidades en donde
trabajan.
·
Aprobar
la Ley de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas que
viene discutiendo el Congreso Nacional, para que el gobierno central esté
obligado a producir un reporte anual que contenga la información detallada sobre
los aspectos arriba mencionados.
El
respeto y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la
democracia y la soberanía nacional
·
Derogar
la legislación que criminaliza la protesta social.
·
Poner
alto a la persecución judicial a los dirigentes sociales y ciudadanos por
participar en protestas pacíficas, revertir la utilización de “sedes especiales”
judiciales, como las de Ica y Chiclayo para los detenidos en Espinar y
Cajamarca, y cortar los juicios y acusaciones que carecen de
sustento.
·
Sancionar
a los responsables directos y políticos de las muertes y las torturas ocurridas
durante las protestas sociales.
·
Controlar
efectivamente las acciones de escucha y seguimiento ilegal que realizan las
empresas mineras a través de sus empresas de seguridad privadas.
·
Controlar
los lobbies que realizan las empresas mineras fuera de la ley en relación a
congresistas, medios de comunicación y funcionarios del Poder
Ejecutivo.
·
Anular
la modalidad de contratación de servicios de la policía nacional y el ejército
por parte de las empresas mineras para evitar que la fuerza pública termine
sometida a los intereses privados, y más bien sirva y proteja a todos los
ciudadanos; pago adecuado a los policías y militares para que, además, gocen de
descanso en sus horas de franco.
Iniciar
el cambio por una nueva minería a paso firme
Es
también muy importante, para hablar de una nueva minería en el Perú, reordenar
la cadena de toma de decisiones en la gestión del sector minero. Nuestra
propuesta es que estas decisiones deben tomarse en el siguiente orden:
·
Zonificación
Ecológica y Económica
·
Ordenamiento
Territorial
·
Plan
Concertado de Desarrollo
·
Concesión
(contrato de exploración)
·
Los
EIA y EAE
·
Consulta
Previa
·
Concesión
(contrato de explotación)
·
Evaluación
y fiscalización ambiental
Finalmente,
hay que definir qué hacer con las inversiones mineras (30 proyectos por valor de
56 mil millones de dólares) que se vienen. Nuestra propuesta es la siguiente:
·
Evaluar
con nuevos instrumentos y autoridades los estudios de factibilidad económica,
social y ambiental de los proyectos.
·
Revertir
al estado las concesiones entregadas hace más de 3 años que no hayan sido
puestas en valor por los concesionarios.
·
Definir
una nueva estrategia de concesiones, basadas en licitaciones públicas para la
negociación con el Estado de proyectos de exploración y
explotación.
·
Mientras
se defina la nueva política de concesiones suspender el otorgamiento de nuevos
derechos mineros.
·
Someter
a mecanismos de consulta los 25 proyectos en estado de exploración o con EIA en
evaluación.
·
Revisión
independiente por MINAM y Gobiernos Regionales de los EIA de los 10 proyectos
con EIA aprobados.
·
Revisión
independiente por MINAM y Gobiernos Regionales de los EIA de los 10 proyectos
con solicitud de ampliación.
Señor
Presidente, usted se ha quejado frecuentemente de los agitadores anti mineros
que no presentan alternativas. Usted y varios medios de comunicación, los
empresarios y sus aliados en la derecha política se han referido en más de una
oportunidad a Tierra y Libertad, y a organizaciones gremiales como la Central
Unitaria de Trabajadores, como parte de grupos antimineros que solo saben decir
NO.
Esta
es nuestra respuesta. No somos antimineros. Somos pro vida, pro agua, pro
ambiente, pro derechos, pro gente, pro trabajo decente, pro democracia y pro
buen vivir. Y por eso mismo estamos en
contra de cualquier proyecto que no haya sido evaluado adecuadamente y que no
cuente con la licencia social que las propias empresas señalan que se necesita
para desarrollar sus actividades. Estamos en contra de los proyectos que dañen
irreversiblemente el ambiente, proyectos que se intentan imponer con violencia
sobre la gente, como está ocurriendo hoy en nuestra patria.
Claro
que tenemos alternativas. Aquí se las presentamos y por supuesto estamos
abiertos a que sean evaluadas en procesos abiertos, de diálogo alturado y de
cara al pueblo.
No
se trata, por supuesto, de una propuesta ya acabada o cerrada. Se trata de una
primera propuesta elaborada por la Comisión Política Nacional de Tierra y
Libertad en consulta con nuestro Comité Ejecutivo Nacional, y la dirigencia
nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Con toda seguridad, tendrá que
ser enriquecida con el aporte de nuestras propias bases, de los movimientos
sociales, de las autoridades locales y regionales, de los expertos
independientes, y de las propias empresas que tengan en estima una auténtica
responsabilidad social y ambiental, así como por funcionarios del gobierno
central. En suma, creemos que en base a un diálogo amplio se puede construir un
acuerdo nacional para una gobernabilidad democrática sobre el rol que le compete
en una propuesta de desarrollo sostenible a industrias extractivas que explotan
recursos no renovables, como es el caso de la minería.
Esperamos
poder acceder a la propuesta que viene trabajando la comisión multisectorial
liderada por la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del
Ambiente para analizarla, debatirla y aportar a la misma con rigurosidad y
responsabilidad. Y esperamos que usted tenga el gesto democrático de convocar a
un debate abierto, plural, inclusivo,
sobre sus propuestas, las nuestras y las que los diferentes grupos de interés
puedan presentar. Cualquier propuesta para una nueva actividad minera no puede
ser elaborada entre cuatro paredes ni buscar ser impuesta, a riesgo de no contar
con legitimidad y no contribuir a una solución verdadera a los problemas de
fondo que plantea esta importante actividad económica del país. En este, así
como en otros temas, el país demanda transparencia, respeto, tolerancia y buen
gobierno para todos y todas los peruanos y
peruanas.
Movimiento
Tierra y Libertad
Central Unitaria de Trabajadores
del Perú - CUT Perú
Julio de
2012
