sábado, 20 de octubre de 2012

OLLANTA HUMALA Y LA ECONOMIA DE LA NUEVA OLA EXTRACTIVISTA


Por Pedro Francke


La política de promover las actividades extractivas, iniciada durante la dictadura fujimorista, no se modificó durante el gobierno de Toledo – que a regañadientes aceptó una ley de regalías aprobada por el Congreso. La negociación del TLC, posteriormente aprobada por Alan García, otorgó protección jurídica adicional a los inversionistas del exterior, permitiéndoles recurrir a tribunales internacionales en caso de conflictos con el estado peruano, como en efecto ha hecho la contaminadora Doe Run de La Oroya.

Tras la elección de Ollanta Humala, gran parte del pueblo peruano tuvo expectativas que cambiara la gran desigualdad y daño ambiental y social que este modelo genera. Mientras el 2001 las utilidades de las empresas trasnacionales en el Perú fueron 131 millones de dólares, el 2011 ascendieron a 12 866 millones de dólares (datos del BCR), casi 100 veces más, producto sobre todo de las sobreganancias mineras. Esas utilidades de unas pocas empresas extranjeras, son similares al consumo de los 12 millones de peruanos más pobres, el 40% más bajo de la distribución del ingreso.

Pero rápidamente Ollanta Humala abandonó el programa ofrecido y defraudó las expectativas. Las principales medidas de redistribución de la dupla Humala – Castilla a han sido una muy tímida aplicación de un nuevo impuesto a la minería que apenas aumenta la recaudación fiscal en 0,15 %, es decir 1 / 600 ava parte del PBI, muy poco como para modificar la enorme desigualdad existente.

Ha habido también otros cambios menores, pero en lo fundamental es un gobierno continuista: mantiene el modelo de acumulación centrado en las extractivas y apuesta por dar luz verde a Minas Conga y todos los demás proyectos mineros que vienen después; mantiene el TLC como una camisa de fuerza que protege a las grandes corporaciones; no confronta a Telefónica ni las AFPs por sus abusos; se olvida del restablecimiento de los derechos laborales, frente al régimen CAS plantea alternativas intermedias y posterga su eliminación; y establece un reglamento de la ley de consulta que recorta este derecho a los pueblos indígenas. Se viene desarrollando un gobierno con claros tintes autoritarios y recentralistas, poco dispuesto al diálogo y sin promover la participación ciudadana. De esta manera, el avance democratizador y de justicia social que muchos vieron en la elección de Ollanta Humala y Gana Perú, se han reducido a su mínima expresión.

Al mantener el gobierno de Humala en esencia la misma orientación política neoliberal y extractivista de los últimos 20 años, se mantienen los problemas estructurales de fuerte desigualdad, exclusión y discriminación, así como de tener una democracia delegativa y poca ciudadanía. Es la continuidad de las políticas de exclusión y negación de derechos las que alimenta el constante crecimiento de los conflictos, los que a su vez amenazan la gobernabilidad. Con el giro de Ollanta, se ha reafirmado el poder de los grandes grupos económicos y trasnacionales y su control sobre los medios de comunicación, y la correlación de fuerzas en contra del cambio se ha ampliado.

Lo que ha cambiado es el escenario de la economía internacional. La situación económica sigue siendo altamente volátil y con un crecimiento bajo. Sin embargo, este estado de la economía mundial es suficiente para mantener un ciclo de mediano plazo de altos precios de los metales: mientras el oro está continuamente por encima de los 1,500 dólares la onza, el cobre no baja de US$ 3,50 la libra, en ambos casos entre 3 y 5 veces el precio de 7 años atrás.

Este contexto de políticas neoliberales y altos precios de las materias primas ha llevado a un boom de la inversión minera en el Perú. A pesar de que la resistencia social ha detenido el gran proyecto minero de Conga, como antes hizo con Tambogrande, Majaz y Tía María, la inversión minera siguió y sigue adelante. De hecho, hay como una docena de otros grandes proyectos de inversión minera en marcha sin mayores dificultades, como Las Bambas, Antapaccay, fosfatos de Sechura, Toromocho, entre otros.

En efecto, la inversión minera programada para el quinquenio 2011-2016 es sumamente alta. Entre los años 2001 y 2005 fue de 4,532 millones de dólares, y en ese periodo la economía peruana despegó. Entre el 2006 y el 2010, con el gobierno de Alan García y su política ferozmente extractivista del “perro del hortelano”, la inversión minera alcanzó 11,413 millones de dólares, mientras proyectos como Majaz y Tía María quedaron paralizados por la protesta social. Para el periodo 2011-2016, la inversión minera programada es de 50,734 millones de dólares, muchísimo mayor que en los años anteriores. Este monto es el recogido oficialmente por el Ministerio de Energía y Minas de los anuncios de las empresas, y posiblemente tiene una dosis de exagerado optimismo. Pero aún si durante el actual periodo de gobierno se dejaran de lado la mitad de los proyectos mineros programados y solo se hiciera realidad la otra mitad, la inversión minera todavía duplicaría la realizada durante García.


Fuente: www.pfrancke.blogspot.com
www.bajolalupa.org

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