LA MINERÍA Y EL DESARROLLO RURAL
Por: Carlos Monge
El 50% del impuesto a la renta y las regalías que pagan las empresas mineras va a los gobiernos regionales y locales de las regiones productoras. Si esa plata se gasta en mantenimiento de obra pública pagando jornales 4 veces mayores que los que pagan los productores rurales, habrá más liquidez local durante un tiempo, pero se estará matando a la agricultura y el desarrollo rural. Si los alcaldes gastan esa plata en buena infraestructura de comunicaciones pueden abaratar la salida al mercado de los productos campesinos locales, pero también pueden facilitar la invasión de productos alimenticios manufacturados baratos que desplazan a la producción local.
Las empresas mineras impactan negativamente sobre el desarrollo rural si destruyen las fuentes de agua, toman el agua que antes usaban otros, o la contaminan. Pueden impactas positivamente sin compran muchos bienes y servicios a los campesinos locales, sosteniendo de esa manera procesos de acumulación local. Pero también pueden demandar muchos bienes y servicios urbanos y encarecerlos, lo que afecta negativamente a los campesinos que también los consumen.
Pero, en ningún caso es realista esperar que unos cuantos proyectos mineros le puedan comprar toda su producción a todos los miles de pequeños productores agropecuarios de una región rural. Por ejemplo, de acuerdo al CENAGRO 2012, Cajamarca es la región con más productores agropecuarios (345,341, seguida de Puno y después Ancash). No hay manera que Yanacocha, Goldfields y unas cuantas otras inversiones mineras se compren toda la producción de la región. Pero si es un hecho que buena parte de los campesinos de la región se ven afectados por el aumento de los precios de alojamiento, transporte, alimentación y otros servicios urbanos en la ciudad de Cajamarca, resultantes de la demanda que por esos bienes generan las mineras.
Es un mito pues eso de que las mineras automáticamente generan desarrollo rural. Su impacto en el desarrollo rural dependerá en verdad del uso que las autoridades locales y regionales den a los recursos fiscales que la minería genera, de su impacto sobre el agua, y de las políticas de compras de bienes y servicios de cada empresa.
En realidad, el destino del desarrollo rural está en las manos, sobre todo, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva, que son los que toma decisiones -por ejemplo- sobre el tipo de cambio y los aranceles, que facilitan o dificultan la importación de alimentos baratos de otras partes del mundo. Y del Ministerio de Agricultura y sus políticas y programas sectoriales. Para lograr el desarrollo rural, no hacen más inversiones mineras sino más políticas públicas que generen oportunidades para los pequeños productores.
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