Servindi, 5 de setiembre, 2013. Un foro realizado en Celendín, Cajamarca, concluyó que el proyecto hidroeléctrico Chadin II en la cuenca del río Marañón tendría la finalidad de proporcionar energía al cuestionado proyecto minero Conga, además de significar la amenaza de impactos sociales y ambientales. Así lo destaca un informe sobre dicho tema elaborado por Luis Manuel Claps para el Latin American Bureau (LAB) y que reproducimos a continuación.
Llueve sobre el Marañón
Por Luis Manuel Claps
5 de setiembre, 2013.- Varias organizaciones se reunieron a mediados de agosto en Celendín, Cajamarca, al norte de Perú, para articular estrategias de resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Chadín II. Además de los graves impactos ambientales y sociales que supone el represamiento del río Marañón, denuncian que su finalidad es satisfacer la demanda energética del megaproyecto minero Conga.
El sábado 17 de agosto se llevó a cabo en la Casa del Maestro el foro público “Hidroeléctricas en el Marañón: Ríos, Vida e Industrias Extractivas”, organizado por Forum Solidaridad, International Rivers, Grufides, la Plataforma Interinstitucional de Celendina (PIC) y las Rondas Campesinas.
El encuentro contó con la participación de diversos expertos y representantes de las comunidades potencialmente afectadas. En los días previos, una comisión recorrió durante tres días los valles y comunidades del cauce medio del Marañón que serían sepultados por el embalse para informar, conversar, fortalecer vínculos y promover acciones conjuntas en defensa del río y sus ecosistemas.
El 3 de julio el pueblo de Celendín celebró el “Día de la dignidad Celendina” y recordó a Faustino, César, José y Eleuterio, quienes perdieron la vida por la represión de la lucha en defensa del agua. Los responsables de estos crímenes no fueron identificados ni llevados ante la justicia.
A un año de las masivas protestas contra la expansión minera en las cabeceras de cuenca, la represa Chadín II podría encender un nuevo conflicto ambiental en la región. Existe una petitción internet buscando reunir 5,000 firmas de personas que se oponen al proyecto Chadín II project. Para agregar su firma, hagan clic aquí.
La energía
El proyecto hidroenergético Chadín II (600 MW) es promovido por AC Energía SA, del grupo multinacional brasileño Odebrecht. Supone la construcción de una presa de 175 metros de altura que formará un embalse de unos 23 kilómetros de largo en el tramo andino del río Marañón. El costo monetario del proyecto asciende a US$819 millones, mientras que los costos ambientales y sociales podrían ser mucho mayores. Se estima que la etapa de construcción demandará unos 2500 trabajadores, pero la operación y mantenimiento no requerirá más de 40.
El embalse sepultaría bajo el agua veintiún centros poblados, entre ellos El Inca, El Mango, El Paraíso, Santa Rosa, Montegrande, Salazar, Nueva Rioja, El Cura, Saquilillo, Mapish, San Francisco, Libián, Tupén y Mendán. La principal actividad económica de la zona es la agricultura y los cultivos más productivos son la hoja de coca y los frutales como papaya, plátano, naranja, limón, mango y ciruela.
En un pronunciamiento de julio de 2013, organizaciones locales reclamaron que “no se puede pasar por encima de las leyes peruanas y los convenios internacionales, ni desconocer los derechos de los pobladores de las provincias de Celendín en Cajamarca, y Luya y Chachapoyas en Amazonas, herederos de los pueblos originarios Chachapoyas, Caxamarcas y Coremarcas”.
En el resumen ejecutivo del EIA del proyecto, actualmente en proceso de aprobación, AC Energía propone “transacciones individuales” con los propietarios de los terrenos que serían inundados, sin la intervención del Estado ni organizaciones intermedias. El estudio no reconoce la existencia de pueblos indígenas.
El agua
El proyecto Conga está ubicado a unos 73 km al noreste de la ciudad de Cajamarca, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín y La Encañada de la provincia de Cajamarca. Propone la explotación de los tajos Chailhuagón y Perol y al menos otros dos tajos adicionales, Amaro y La Carpa.
Una planta con capacidad para procesar diariamente 92,000 toneladas de roca permitiría obtener 3,1 billones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro en 20 años. La ley del mineral es muy baja: cada tonelada contiene menos de un gramo de oro y 0,2% de cobre. Todos conocen la devastación que vendrá con Conga: la misma empresa explota desde hace veinte años la mina de oro y cobre Yanacocha, la más grande de Sudamérica.
Los yacimientos de Conga fueron descubiertos originalmente en 1991 pero las actividades de exploración comenzaron en 2004. En octubre de 2010 se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental. El Gobierno Regional y las comunidades denunciaron los graves impactos que provocaría en las cabeceras de cuenca.
Ante el reclamo por la destrucción de las lagunas Azul, Perol, Mala y Chica, Minera Yanacocha respondió que construiría cuatro reservorios para reemplazarlas. El 27 de julio de 2011 la estadounidense Newmont Mining y su socia local Buenaventura, propietarias de Yanacocha, hicieron pública la aprobación de la financiación del proyecto por US$4800 millones, la mayor inversión minera en la historia del Perú.
Pero en noviembre de 2011 un contundente paro obligó a la empresa a suspender sus actividades. La renuncia del viceministro de Gestión Ambiental, que mantenía una posición crítica del proyecto, precipitó una crisis política en el primer gabinete del recién asumido Ollanta Humala. Miles de personas salieron a las calles para defender el agua y Yanacocha anunció la suspensión del proyecto por exigencia del gobierno nacional.
El 4 de diciembre el premier Salomón Lerner, varios ministros y las autoridades regionales se reunieron en la ciudad de Cajamarca. Esa misma noche Humala decretó el estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Contumazá por el término de sesenta días y Óscar Valdés, entonces ministro de Interior, fue designado primer ministro.
El 17 de abril de 2012 un Tribunal Constitucional invalidó una ordenanza del Gobierno Regional que había declarado inviable al proyecto minero. En los primeros días de julio, la brutal represión a los manifestantes opositores al proyecto por fuerzas del Ejército y la Policía Nacional dejó el trágico saldo de cinco muertos y unos ciento cincuenta heridos.
Veinte por uno
En un solo decreto, en abril de 2011 Alan García declaró de interés nacional la construcción de veinte centrales hidroeléctricas en el río Marañón. Rebautizada como la “arteria energética” que aseguraría el “desarrollo productivo del Perú hasta el año 2050″, con “impactos mínimos o nulos sobre el medioambiente”, la decretada “revolución energética” de “quince mil millones de dólares” generaría más de “doce mil megavatios” y permitiría “irrigar millones de hectáreas agrícolas”.
Los principales proyectos incluidos en el decreto son Cumba (1400 MW), Rentema (1500 MW), Escurrebraga (1800 MW) y Manseriche (4500 MW). A éstos se suman otros cuatro: Chadín II, Marañón (96 MW), CH del Norte (600 MW) y Veracruz (700 MW). El decreto omite sus reales motivaciones económicas: la exportación de energía a Brasil y el abastecimiento de la extensa cartera de megaproyectos mineros de las empresas transnacionales en la región.
Audiencias abusivas
Elmer Saldaña Montoya, presidente del recientemente creado Frente de Defensa de Yagén, fue uno de los dirigentes locales que tomó la palabra en el foro de Celendín. Aseguró que “mi pueblo no se puede comprar, hay 300 hectáreas cultivadas que son de propiedad comunal. Podrán comprar a algunas personas, como a las autoridades cobardes de Cortegana y Chumuch, pero mi pueblo no se puede comprar”.
Por su parte H. Rojas Gonzales, del Frente de Defensa del Río Marañón, llamó a “ponerse en pie de lucha contra las represas y rechazar Chadín II y Conga”. “Estamos seguros de que no nos van a vencer, se trata de una empresa corrupta que promueve audiencias abusivas, llenas de policías”. “El alcalde de Cortegana se ha prestado a la cobardía. ¿Por qué llaman progreso al estancamiento del río? Los valles productivos del Marañón ya tienen dueños”.
Los ronderos y la PIC denunciaron a Odebrecht y al gobierno nacional por “montar una falsa consulta previa en el distrito de Cortegana”. En una “audiencia pública” celebrada el pasado 5 de julio, la policía reprimió y no dejó ingresar a quienes se oponen al proyecto. Algo similar ocurrió en Chumuch el sábado 6 del mismo mes.
Integración energética
El 16 de junio de 2010 los ministros de Energía y Minas del Perú y Brasil firmaron un Acuerdo Energético con el objetivo de establecer el marco legal para promover la construcción de centrales hidroeléctricas en el Perú por empresas de capital brasileño y establecer las condiciones para la exportación de la electricidad al Brasil.
El 17 de febrero de 2012 se creó la Comisión Multisectorial de Facilitación de Inversiones Energéticas para promover “acciones de coordinación con organismos del Poder Ejecutivo a fin de establecer mecanismos de facilitación para el otorgamiento de concesiones, licencias y autorizaciones”.
Con el apoyo financiero del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la institución financiera de desarrollo más grande de América Latina, empresas multinacionales como Odebretch exportan a los países de la región el modelo de acumulación capitalista neoliberal que aplican en su propio país.
Como denuncia el Movimento dos Atingidos por Barragens (afectados por represas), que lleva veinte años de lucha contra la privatización del sistema eléctrico y por la democratización de la matriz energética, en Brasil ya se construyeron unas 2000 represas que expulsaron a más de un millón de personas de sus tierras: una dictadura impuesta contra los pueblos ribereños.
La serpiente de oro
El Marañón conforma una de las cuencas más importantes del Perú, donde vive al menos el 17% de la población del país. Tras recorrer los valles interandinos a lo largo de 1600 kilómetros y surcar seis regiones, entre las cadenas occidental y central de los Andes, atraviesa la región de los pongos en el departamento de Amazonas, el último obstáculo antes de alcanzar la llanura amazónica, reunirse con el Ucayali y tributar sus aguas en el río Amazonas.
El curso Marañón da vida a una rica biodiversidad y sus bosques secos albergan un alto endemismo de aves. Las represas se proponen sin suficiente entendimiento de la escala y complejidad de los servicios ambientales que presta, ni sobre los impactos que sobre ellos podrían provocar.
Buena parte de la sección media del río forma un cañón de abismal profundidad a ambos lados, mayor incluso a la del famoso Gran Cañón del Colorado. El llamado cañón del Marañón configura uno de los mejores sitios del mundo para la práctica del rafting. Por allí está la villa de Calemar, sobre la que el narrador peruano Ciro Alegría basó una de sus novelas más entrañables.
Difusión y articulación
En junio de este año Forum Solidaridad y otras organizaciones sociales de las regiones Amazonas y Cajamarca lanzaron la campaña “Río vivo, Marañón sin represas” cuyo objetivo es alertar a la opinión pública sobre los graves impactos que podrían ocasionar la construcción de las centrales hidroeléctricas.Como parte de esta campaña, una comisión conformada por especialistas, líderes y pobladores locales recorrió durante tres días los valles y oasis del Marañón entre Celendín y Chumuch. A pie y en mula, ya que no hay caminos de acceso, la comisión visitó Yagén y luego Playa El Inca, donde río abajo se encuentra el sitio donde sería levantada la represa Chadín II. El objetivo de la comisión fue recoger información sobre la situación actual e informar, conversar y establecer vínculos para posibles acciones conjuntas en defensa del río.
De Playa El Inca continuaron hasta Tupén, pasando por los asentamientos de Saquilillo, Choropampa y San Lucas. En Yagén, Tupén y Mendán (con unos 500 habitantes, el más poblado), la comisión se reunió con los vecinos para presentar información sobre Chadín II, sus posibles impactos ambientales y sociales, los derechos humanos que estarían en riesgo y las posibles acciones legales para defenderlos.
Costos ambientales
En el foro público de Celendín, el ingeniero José Serra Vega formuló algunas observaciones al resumen ejecutivo del EIA del proyecto Chadín II. “La primera constatación es que el costo ambiental de la represa está completamente ausente y no hay ningún análisis de los impactos aguas abajo del embalse”. Para el ingeniero Serra, “el costo total del proyecto no debe medirse solamente en términos monetarios como hace la empresa, sino considerando también los costos en términos ambientales”.
Entre los principales impactos, Serra mencionó que “el dique va a retener los sedimentos que alimentan los cultivos aguas abajo y obstaculizar el paso de los peces, dos elementos esenciales para la seguridad alimentaria de las comunidades Awajún. No se ha estudiado lo suficiente la relación entre el río y las llanuras productivas y es alarmante que el MINAM no haya hecho observaciones sobre estos puntos”.
Serra realizó una valoración económica de los impactos de la represa de Inambari, cuya recomendación final fue la cancelación del proyecto (ver Inambari: La urgencia de una discusión seria y nacional. Pros y contras de un proyecto hidroeléctrico).
Desplazamiento y pobreza
Aurelia Matos López e Hilda Montenegro Bonilla, tenienta gobernadora de Nuevo Huabal, representantes de los desplazados por Odebrecht en el Proyecto Especial Olmos Tinajones, en la región Lambayeque, denunciaron los abusos de la empresa y las penurias sociales y económicas que les toca enfrentar a sus familias después de ser reubicadas para hacer lugar al embalse de la represa Limón.
“Vivíamos en lo mejor, pero ahora estamos en lo peor” concluyeron. Su mensaje fue claro: “no crean, el desplazamiento genera pobreza”. Según el resumen ejecutivo del EIA de Chadín II, el programa de capacitación local de AC Energía se denomina CREER.
Benjamin Hoffman, abogado de EarthRights International, explicó que la construcción del proyecto Chadín II supone varios riesgos para los derechos humanos. Particularmente preocupante es el posible desplazamiento de la población que vive y trabaja en las zonas que serían inundadas.
Aseguró que el Estado debe demostrar los beneficios del proyecto y que no hay alternativas menos perjudiciales para alcanzarlos. Por otra parte, “ante un posible reasentamiento, el nuevo sitio debe ofrecer las mismas oportunidades de trabajo y derecho a la salud, alimentación y vivienda que el lugar original”.
Hoffman agregó que el procedimiento relacionado con la construcción del proyecto Chadín II no está asegurando el respeto por los derechos humanos de la población. “El Estado debe asegurar el derecho a la participación, y para ello, la población afectada debe contar con toda la información relevante y la oportunidad real de expresar sus opiniones de acuerdo a la ley. Estos requisitos, después de nuestra visita a la zona, se encuentran en seria duda”.
¿Para qué y para quiénes?
Antonio Zambrano, coordinador del Área de Integración Solidaria de Forum Solidaridad Perú, ofreció una mirada crítica sobre el proceso vigente de integración sudamericana bajo el dogma de la gran inversión. “Los megaproyectos de infraestructura se anuncian como más producción y empleo, pero también generan deforestación y degradación de bosques, desplazamiento de poblaciones, colonización desordenada, prostitución y trata de personas, diseminación de enfermedades, aumento de la criminalidad y tráfico de tierras”. “¿Cuánto tiempo más seguiremos ignorando los conflictos sociales? ¿Cuánto tiempo más seguiremos creyendo ciegamente en el dogma de la inversión?” se preguntó.
Jaime Rivera Gonzales, subgerente de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, subrayó que “los proyectos Conga y Chadín II son inviables”. Por su “impacto en los derechos humanos y el medioambiente, serias deficiencias en los estudios y su potencial contribución con el fenómeno del cambio climático local y global”, Rivera llamó a las organizaciones de la sociedad civil a “mantener la actitud vigilante frente a los megaproyectos mineros y energéticos”.
Por su parte Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), destacó en su exposición la relación entre Chadín II y el proyecto minero Conga. Para Sánchez “el consumo de energía del proyecto minero no tiene precedentes, prueba de ello son las dimensiones del molino de rocas que pretenden instalar allí arriba”. Según su fabricante, la finlandesa Metso, Conga utilizaría el molino de rocas semiautógeno más grande jamás instalado.
Sánchez advirtió que la demanda energética de la minería en Cajamarca se multiplicaría geométricamente con la puesta en producción de los proyectos Minas Conga, Cerro Negro y Chaquicocha (Newmont y Buenaventura), El Galeno (Jiangxi Copper), La Granja (Rio Tinto), Michiquillay (Anglo American), Tantahuatay (Buenaventura y Southern Copper), Shahuindo (Sulliden Gold), Sipán (Hochschild Mining) y Cerro Corona (Gold Fields).
De acuerdo a la ONG con sede en Lima Cooperacción, el 55,2% del territorio de la provincia de Celendín, y el 77,7% del territorio de la provincia de Cajamarca, fueron otorgados en concesión minera por el gobierno central (ver mapas).
Llueve sobre mojado
Las mineras alientan la construcción de represas para aprovechar la energía que producen. La ley del mineral determina el consumo: a menor proporción de metales en la roca, mayor demanda de agua y energía para extraerlos.
En 2011 la brasileña Vale adquirió una participación del 9% en el megaproyecto hidroeléctrico Belo Monte (11,2 GW), uno de los más resistidos del mundo. La mayor exportadora mundial de hierro es también la principal consumidora unitaria de energía del Brasil. En 1984 construyó la represa de Tucuruí y el lago de 72 metros de profundidad generado por el embalse desplazó a 35,000 personas.
Xstrata Copper impulsó durante años la construcción de represas en los ríos prístinos de la Patagonia, entre el sur de Chile y Argentina. En 2007 la subsidiaria Energía Austral presentó un EIA para represar el río Cuervo y construir una central hidroeléctrica (640 MW) y línea de alta tensión de 800 kilómetros para alimentar sus minas de cobre en el norte.
A pesar de haber sido aprobado por la autoridad ambiental regional, el proyecto se encuentra suspendido por la resistencia social y un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile. En abril de 2012 Xstrata vendió el 51% de su participación en Energía Austral a la australiana Origin Energy, con sede en Sydney. Después de fusionarse con Xstrata este año, ahora la mayor compañía de commodities del mundo, Glencore, posee el 49% restante. En agosto de 2013 Energía Austral presentó estudios geológicos adicionales del proyecto Cuervo a las autoridades chilenas.
Cambio climático y vulnerabilidad
Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. La mayor intensidad e imprevisibilidad de los fenómenos del clima amenaza los grandes proyectos de infraestructura como carreteras, ductos y represas.
En junio de 2010 el colapso del dique de colas de Minera Caudalosa derramó 25 mil metros cúbicos de desechos tóxicos a lo largo de 100 kilómetros de un río que cambia de nombre según el pueblo que recorre: Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay, Urubamba y Cachimayo, en la región Huancavelica. Las lluvias inusualmente intensas y la irresponsabilidad de la empresa provocaron el desastre, uno de los peores en su tipo de los últimos años.
Los ríos profundos
Para Monti Aguirre, coordinadora en América Latina de la organización International Rivers e integrante de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua, “la mayoría de los proyectos de represas actuales, incluyendo la serie sobre el río Marañón, se basan en investigaciones originadas en los años 1960 a 1970, desde el ethos del agua vigente en ese momento, en el cual cuestiones de gran relevancia actual como el cambio climático estaban ausentes”.
Según el informe de la Comisión Mundial sobre Represas de 2000, que reveló los impactos globales de la industria hidroeléctrica, en el mundo existen unas 47,000 represas consideradas grandes (de más de 15 metros de alto) y los países que más las han construido son Estados Unidos, China e India.
En términos sociales, la Comisión encontró que con frecuencia los efectos negativos de las represas no se valoran ni se toman en cuenta adecuadamente. Una gran variedad de impactos afectan la vida, los medios de subsistencia y la salud de las comunidades que dependen de los ambientes ribereños. Entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por represas en el mundo y muchas de ellas sin reconocimiento ni indemnización alguna.
Los impactos en los medios de subsistencia de las comunidades río abajo de las represas tampoco fueron valorados adecuadamente ni incorporados en la planificación y diseño de los grandes embalses. Actualmente la comunidad científica se ha replanteado el lugar de las grandes represas en la matriz energética porque hay alternativas viables para asegurar las necesidades vitales y productivas de las poblaciones locales, como las represas de pequeña escala, la energía eólica, solar o de biomasa.
Firme la petición con un acceso mediante el siguiente enlace:
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