La globalización ha dado un poder y una influencia sin precedentes a las empresas. La liberalización del comercio, la apertura de mercados a la inversión extranjera y las demás libertades del mercado propugnadas por la Organización Mundial del Comercio, el Grupo del Banco Mundial y otros han aumentado el poder y la influencia de las empresas. Sin embargo, cuando las empresas violan con sus actividades los derechos humanos y sumen a la gente en una pobreza aún mayor hay pocas normas que sean vinculantes para estas empresas y garanticen que rinden cuentas del impacto de sus actividades. Con demasiada frecuencia los abusos contra los derechos humanos en los que están implicadas empresas se perpetran con impunidad, pues los Estados no pueden o no quieren prevenir y castigar estas acciones. El carácter transnacional de muchas empresas poderosas y las complejidades legales de sus actividades son desafíos concretos para la rendición de cuentas empresarial.
Amnistía Internacional pide poner fin a la impunidad empresarial: los Estados deben adoptar marcos legales y de política más enérgicos en los ámbitos nacional e internacional para hacer rendir cuentas a las empresas de sus abusos contra los derechos humanos. Estas medidas deben incluir un examen más riguroso, una regulación apropiada de las actividades de las empresas y una mayor cooperación entre los Estados para garantizar la rendición de cuentas.
Por otro lado, Amnistía busca que se garantice el acceso a la justicia de todas las personas de cuyos derechos hayan abusado las empresas. Las personas de cuyos derechos hayan abusado las empresas deben poder buscar justicia y conseguir resarcimiento. Finalmente, se busca garantizar que las comunidades pueden participar en las decisiones que afectan a su vida. Los Estados y las empresas deben garantizar que las comunidades y personas afectadas por las actividades de las empresas tienen pleno acceso a información adecuada.
Estados y empresas deben permitir que las comunidades y las personas participen de forma significativa en los procesos de toma de decisiones.
Amnistía Internacional pide poner fin a la impunidad empresarial: los Estados deben adoptar marcos legales y de política más enérgicos en los ámbitos nacional e internacional para hacer rendir cuentas a las empresas de sus abusos contra los derechos humanos. Estas medidas deben incluir un examen más riguroso, una regulación apropiada de las actividades de las empresas y una mayor cooperación entre los Estados para garantizar la rendición de cuentas.
Por otro lado, Amnistía busca que se garantice el acceso a la justicia de todas las personas de cuyos derechos hayan abusado las empresas. Las personas de cuyos derechos hayan abusado las empresas deben poder buscar justicia y conseguir resarcimiento. Finalmente, se busca garantizar que las comunidades pueden participar en las decisiones que afectan a su vida. Los Estados y las empresas deben garantizar que las comunidades y personas afectadas por las actividades de las empresas tienen pleno acceso a información adecuada.
Estados y empresas deben permitir que las comunidades y las personas participen de forma significativa en los procesos de toma de decisiones.
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