CARTA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ENVIADA A CDDHH-ONU
Asamblea General
Consejo de derechos humanos
22ma Período de sesiones
Punto 4: Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo
Debate general
Señor presidente,
Nuestras organizaciones en referencia a tres exposiciones escritas[1] apelan al Consejo de los Derechos Humanos frente a la continua violación de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y de la población de la ciudad de Cajamarca, en los Andes del Perú. La empresa minera Yanococha, compañía en copropiedad entre el gobierno peruano y dos empresas occidentales, a desarrollado un proyecto minero para la extracción de oro y cobre de diversas lagunas en el departamento de Cajamarca.
Además del impacto directo sobre el entero ecosistema, los ciudadanos cajamarquinos sufren de racionamiento de agua y serios problemas de salud, a causa de la utilización industrial del curso del Rio Grande.
Un nombre de importantes estudios prueba que a causa del drenaje acido de sus minas a tajo abierto, la empresa Yanacocha es responsable de la contaminación de 800 fuentes y 100 pozos de agua para el consumo humano con metales pesados y productos tóxicos.
En diciembre de 2011, el gobierno regional de Cajamarca emitió una ordenanza prohibiendo toda actividad minera en las zonas de ecosistemas frágiles, según la Ley general del Ambiente aprobada por el Congreso peruano en 2005. El Tribunal Internacional del Agua también analizó el caso y pidió al gobierno peruano de parar el proyecto minero. Además, grupos de expertos extranjeros consideran ilegal el proyecto. En julio de 2010 la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución A/RES/64/292 que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento para todos como un derecho universal. El proyecto minero Conga viola claramente este derecho.
El actual gobierno de Ollanta Humala tiene igualmente que considerarse como responsable de las trágicas consecuencias políticas, sociales, económicas y ambientales generadas por el proyecto Conga.
Pedimos al Consejo de Derechos Humanos que exija al Estado peruano que decida definitivamente el respeto de todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y la revisión de la ley de minería promulgada por decreto con fecha de 4 de junio de 1992 por el ex presidente Fujimori y que fragmenta el país en lotes y concesiones autorizando la explotación minera y petrolera.
Nuestras organizaciones apelan al Relator especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, al Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el beneficio de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, a la Relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, al Relator especial sobre el derecho de toda persona al beneficio del mejor nivel posible de salud física y mental, al Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, al Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, a dirigir su atención sobre las graves y persistentes violaciones sufridas por las comunidades indígenas del Perú.
Gracias, señor presidente.
Asamblea General
Consejo de derechos humanos
22ma Período de sesiones
Punto 4: Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo
Debate general
Señor presidente,
Nuestras organizaciones en referencia a tres exposiciones escritas[1] apelan al Consejo de los Derechos Humanos frente a la continua violación de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y de la población de la ciudad de Cajamarca, en los Andes del Perú. La empresa minera Yanococha, compañía en copropiedad entre el gobierno peruano y dos empresas occidentales, a desarrollado un proyecto minero para la extracción de oro y cobre de diversas lagunas en el departamento de Cajamarca.
Además del impacto directo sobre el entero ecosistema, los ciudadanos cajamarquinos sufren de racionamiento de agua y serios problemas de salud, a causa de la utilización industrial del curso del Rio Grande.
Un nombre de importantes estudios prueba que a causa del drenaje acido de sus minas a tajo abierto, la empresa Yanacocha es responsable de la contaminación de 800 fuentes y 100 pozos de agua para el consumo humano con metales pesados y productos tóxicos.
En diciembre de 2011, el gobierno regional de Cajamarca emitió una ordenanza prohibiendo toda actividad minera en las zonas de ecosistemas frágiles, según la Ley general del Ambiente aprobada por el Congreso peruano en 2005. El Tribunal Internacional del Agua también analizó el caso y pidió al gobierno peruano de parar el proyecto minero. Además, grupos de expertos extranjeros consideran ilegal el proyecto. En julio de 2010 la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución A/RES/64/292 que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento para todos como un derecho universal. El proyecto minero Conga viola claramente este derecho.
El actual gobierno de Ollanta Humala tiene igualmente que considerarse como responsable de las trágicas consecuencias políticas, sociales, económicas y ambientales generadas por el proyecto Conga.
Pedimos al Consejo de Derechos Humanos que exija al Estado peruano que decida definitivamente el respeto de todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y la revisión de la ley de minería promulgada por decreto con fecha de 4 de junio de 1992 por el ex presidente Fujimori y que fragmenta el país en lotes y concesiones autorizando la explotación minera y petrolera.
Nuestras organizaciones apelan al Relator especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, al Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el beneficio de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, a la Relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, al Relator especial sobre el derecho de toda persona al beneficio del mejor nivel posible de salud física y mental, al Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, al Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, a dirigir su atención sobre las graves y persistentes violaciones sufridas por las comunidades indígenas del Perú.
Gracias, señor presidente.
MRAP- France Libertés-IED
Ginebra, 11 Marzo 2013
[1] A/HRC/20/NGO/63 – A/HRC/21/NGO/77 – A/HRC/22/NGO/31
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